El caso RECADI colocó al "partido del pueblo" contra la paredEl primer pronunciamiento político y público del partido de gobierno, Acción Democrática, en cuanto a apoyar las investigaciones abiertas por la Contraloría, la Policía Técnica Judicial, el Tribunal XXXVII Penal y el diario El Nacional, para determinar responsabilidades en la administración y autorización de dólares preferenciales desde Recadi, ocurrió el sábado 8 de abril de 1989, trás la realización de un Comité Político Nacional (CPN), en Parque Central.

En esta sesión de la dirección ampliada se concluyó que Acción Democrática consideraba que había suficientes fundamentos planteados como para INDAGAR las actividades cumplidas por la Oficina del Régimen de Cambios Diferenciales durante los últimos años, en especial durante la administración del ex-presidente Jaime Lusinchi.

AD ratifica hoy -declaró Humberto Celli, secretario general del partido del pueblo-, lo que hemos sostenido. Vemos con agrado la investigación sobre Recadi. Ratificamos que hay fundamentos suficientes para hacer la investigación, pero condenamos que se quiera predeterminar quiénes son los culpables del caso. Este CPN ofreció su apoyo a la gestión del ex presidente Jaime Lusinchi, escuchó detalles del reciente viaje del Presidente Pérez a Estados Unidos y ratificó que aprueba el actual programa económico del Gobierno, aunque insiste en la aplicación de mayores medidas sociales.

A medida que fueron avanzando las acusaciones contra exfuncionarios de la administración Lusinchi y parlamentarios del partido, en la misma proporción e intensidad repercutieron a lo interno de la Organización los efectos del caso Recadi en el plano político.

Luis Piñerúa Ordaz, ex-candidato a la presidencia de la República y miembro nato del CEN destacó el 10 de abril:

- Lo primero que se me ocurre, es que debe hacerse una distinción entre quienes tienen un rango de dirigentes políticos y quienes son simples funcionarios públicos. Sobre los primeros yo tengo ya una posición definitiva. El valimiento o la influencia que depara la condición de dirigente no debe utilizarse para orientar las decisiones de entes de la administración pública. Para mi, es absolutamente antiético que un dirigente -en clara alusión al Diputado Alberto Finol- máxime si se trata de un parlamentario, se valga de su condición de tal para hacer gestiones de carácter oficial, en las cuales tenga el dirigente un interés personal.

Agregando:

- Pero ratifico mi posición de principios, según la cual es contraproducente que Finol concentre la triple condición de miembro del CEN, diputado y factor principal de empresas que tienen relaciones directas con el Estado... En cuanto a Luis Guevara, a quien no se le conocen relaciones comerciales precisas, pero de quien mucho se dice que de una u otra forma, personalmente o por interpuestas personas, ha incrementado su patrimonio en forma súbita e inexplicable>> .

El 16 de junio siguiente, Octavio Lepage, presidente del Congreso de la República, admitió públicamente que las investigaciones en el parlamento tenían a << Acción Democrática contra la pared>> .

- AD no tiene por qué sentirse desmoralizada. En una confrontación en el terrero de la corrupción AD puede participar con la frente en alto, porque en la peor hipótesis de que altos funcionarios del gobierno anterior o algunos dirigentes políticos importantes resultaran culpables de prácticas irregulares, tráfico de influencias o de enriquecimiento ilícito, no tendría por qué afectar al partido como colectivo, porque se trata de culpables estrictamente personales.

Pero fue el viernes 16 de junio cuando Carlos Canache Mata, Jefe de la Fracción Parlamentaria de Acción Democrática, planteó al descubierto la necesidad de que AD integrara el tribunal de ética partidista, solicitud también reiteradamente hecha por Luis Piñerúa Ordaz.

- En 1985 se Creó el Tribunal de Etica de Acción Democrática -explicó Canache Mata en un pleno de dirigentes en Catia La Mar- y han pasado cuatro años desde su creación y hasta ahora no han sido designados los integrantes del mismo. En todo caso, Acción Democrática no se creó para que se enriquecieran sus dirigentes. Se debe integrar este tribunal interno, para que, sin contemplaciones, empiece a conocer las acusaciones que se están haciendo contra dirigentes y exfuncionarios militantes y decida si existe culpabilidad o no.

Piñerúa volvió a la carga el 14 de julio y desde Barquisimeto insistió en que << Acción Democrática ha debido ser más diligente en las investigaciones del caso Recadi y no esperar que sean otros los que hagan las denuncias, porque esto no es sino actuar como el avestruz y esconder la cabeza>> .

- Sin duda que en el Caso Recadi hay cosas muy graves -remató -, pero es bueno señalar que cuando se sindica o se acusa a alguien, no se debe reaccionar violentamente contra sus acusadores. Lo correcto, lo que debe hacerse, es demostrar que esas acusaciones son falsas y mientras no se demuestre eso, quedará en entredicho ante la opinión pública o como se hace con los animales enfermos, hay que colocarlos en cuarentena.

Luego, unos días más tarde, dirigentes nacionales como el mismo Luis Piñerúa Ordaz, Carlos Canache Mata, Reinaldo Leandro Mora, Lilian Arvelo y Armando Sánchez Bueno, coincidieron en que el Tribunal de Etica de Ad, convenido en la última modificación de los estatutos para sustituir a la vieja Comisión de Etica en 1985, estaba pendiente y la gravedad de las denuncias no admitía más demoras en su integración.

Así, fue el lunes 7 de agosto cuando el Comité Ejecutivo Nacional de Acción Democrática designó a los integrantes del tan deseado Tribunal de Etica.

La presidencia del mismo recayó sobre el dirigente sindical Gastón Vera y el resto de los elegidos fueron: el médico Feliciano Acevedo, el dirigente campesino Rubén Lanz, el dirigente regional Ramón Herrera León y el ex-secretario de AD en Mérida, Bernardo Aranguren; todos como principales. Los suplentes nombrados fueron: Angel Borregales, parlamentario jubilado; César Hernández, fundador de AD Carabobo; Clarisa Sanoja, ex-presidente del Consejo de la Judicatura; Arturo Tovar, dirigente destacado en organización; y Edmundo Egui, abogado y juez, responsable de asuntos jurídicos del CEN.

Con su característico estilo irreverente y retador, el ex-presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Juan José Delpino, declaró el 15 de agosto que ni Blanca Ibáñez ni Jaime Lusinchi le harían caso al recién integrado Tribunal de Etica.

De inmediato el tribunal se abocó a conocer los casos de Blanca Ibáñez, José Angel Ciliberto, Luis Guevara y Alberto Finol. Todos, excepto Ibáñez, fueron en varias oportunidades a rendir su declaración interna partidista. En este mismo orden los fueron expulsando entre agosto y noviembre de 1989, aparte del Diputado Finol, a quien le dejaron averiguación abierta y luego renunció voluntariamente, previendo males peores para su reputación.